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Ejecutivo insiste en aprobar la ley antilavado este año

Uruguay deberá mostrar el camino que ha recorrido en este campo y, si los representantes del organismo no quedan satisfechos, corre el riesgo de engrosar la lista de países que no cumplen con las disposiciones del GAFI.

En octubre de 2015, el entonces director de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz (quien falleció en febrero de este año) alertó sobre esta posibilidad. Sería, dijo, "mucho más grave" que la lista gris de la OCDE (en la que Uruguay estuvo entre abril de 2009 y diciembre de 2011) porque "el resto de los países deben tomar debida diligencia ante toda transacción, las casas matrices de bancos extranjeros pueden exigir el cierre de sus sucursales en Uruguay, hay castigos de bienes y encarecimiento de intereses".

El gobierno quiere evitar este desenlace, motivo por el cual las autoridades del área subrayaron la necesidad de aprobar rápidamente el proyecto de ley sobre lavado de activos a estudio del Parlamento durante una visita reciente a la Comisión especial del Senado que se creó a partir de los denominados Papeles de Panamá. En ese marco, fue el secretario nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft, un órgano desconcentrado dependiente de la Presidencia de la República), Daniel Espinosa, quien se refirió a por qué los tiempos apremian.

"Entendemos que la ley debería estar pronta antes de fin de año para poder aplicarla durante un año antes de recibir la evaluación (del GAFI)", señaló Espinosa el miércoles de la semana pasada según lo que se desprende de la versión taquigráfica. La aprobación del proyecto de ley en el correr de este año, agregó luego, es una "preocupación" que tiene la Senaclaft.

El senador frenteamplista Rúben Martínez Huelmo —presidente de la comisión— respondió a esta inquietud indicando que era la "intención" de la presidencia votar el proyecto en agosto. Esto para que "una vez que termine la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, la comisión respectiva comience a considerarlo para que antes de fin de año" se pueda aprobar "a los efectos de que el Poder Ejecutivo pueda cumplir honrosamente con toda su actividad internacional", explicó el legislador oficialista.

La de 2019 no será la primera vez que Uruguay se someta a un análisis de este tipo por parte del GAFI: el país ya fue evaluado en 2002, 2006 y 2009.

Acuerdos.
Este proyecto de ley antilavado despertó el rechazo de diferentes colectivos —como abogados, contadores y escribanos—, que en más de una ocasión a lo largo del proceso de discusión del texto han manifestado su oposición a diferentes puntos de la propuesta.

La Senaclaft atendió algunos de los planteos realizados y, en función de ellos, aplicó diferentes modificaciones el texto original.

Durante su comparecencia en la comisión de la Cámara de Senadores días atrás, Espinosa indicó cómo se había avanzado con los distintos grupos de profesionales.

"Puedo anunciar con gusto que hemos llegado a un acuerdo total con los abogados y en más de un 90% con los contadores, pues hay una pequeña discrepancia en un punto específico", dijo el jerarca. "Con los escribanos ya estaba solucionado el tema y en nuestra comparecencia anterior ya habíamos acordado el texto", agregó.

Una de las críticas realizadas por estos colectivos apuntaba a cómo esta ley, de aprobarse, perjudicaría al secreto profesional para con sus clientes. De acuerdo a Espinosa, este obstáculo logró sortearse.

"Se podría decir que la parte del derecho de defensa del secreto profesional no ofrece ningún problema ya que la redacción fue acordada con la Asociación de Escribanos del Uruguay, con el Colegio de Abogados y con el Colegio de Contadores del Uruguay", enumeró el jerarca.

El secretario nacional de la Senaclaft valoró que este proyecto de ley a estudio del Parlamento "toma todo lo vigente e incorpora novedades".

Información sobre lavado de dinero
La semana pasada, a través de la comunicación N° 2017/0132, el Banco Central (BCU) comunicó que las instituciones de intermediación financiera deberán brindar todos los años "información sobre determinadas transacciones y servicios (...) correspondientes al ejercicio anterior a su presentación, agrupadas según determinados factores de riesgo".

No están comprendidas dentro de esta novedad las administradoras de grupos de ahorro previo.

El BCU explicó que esto se da en el marco de lo que dispuso el GAFI, por lo cual la Unidad de Información y Análisis Financiero deberá "realizar y mantener actualizado un mapa de riesgos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de las entidades supervisadas". Además, el regulador indicó que la información que brinden estas instituciones tendrá que estar expresada en dólares americanos y "será correspondiente a los flujos operativos, a excepción de las actividades cofres fort y activos bajo manejo que se informará el saldo a fin de ejercicio".

"La primera información a presentar de acuerdo con las instrucciones contenidas en la presente comunicación será la correspondiente al ejercicio 2016, debiendo presentarse antes del 31 de agosto de 2017", estipula el texto divulgado por el BCU. Tras esta primera presentación de los datos ahora requeridos, la información deberá enviarse a la Superintendencia de Servicios Financieros. Para esto se tendrá plazo hasta el último día hábil de febrero, "posterior al cierre del ejercicio al que está referido".

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